Las Jornadas de Juntas de Gobierno, celebradas la semana pasada con la asistencia de 400 procuradores en Huesca, han supuesto un conclave de gran trascendencia. Tras tres años de parón por la pandemia, el Consejo General de los Procuradores de España ha aprovechado su poder de convocatoria y la relevancia de las jornadas para dejar muy clara su apuesta de futuro y las claves de la profesión en momentos de transformación.
Las conclusiones, dividas en siete puntos, inciden en la implantación y formación para la transformación digital, atribución de la ejecución de sentencias, compromiso con la mediación para la solución de conflictos, apuesta por la conciliación y revisión de aranceles profesionales. También se promueve el cumplimiento de las directrices de competencia para la repercusión de los costes de los servicios de notificaciones de los Colegios de Procuradores. El listado cierra de forma más genérica con un compromiso para el seguimiento y definición de las líneas de futuro de la Procura.
Esta lista de prioridades ha tenido una destacada repercusión, tanto por la legitimidad de las reivindicaciones del colectivo como por su positivo impacto para la eficacia del sistema judicial.
El punto más caliente y el que generó más debate durante los dos días de sesiones fue el relacionado con la ejecución de sentencias. El diagnóstico no deja lugar a equívocos. Mientras el promedio para dictar sentencia es de seis meses en España, la resolución ejecutiva se prolonga de media hasta los tres años, lo que coloca a nuestro país a la cola de la UE solo por delante de Grecia.
Según un estudio de SigmaDos, apenas se ejecuta una de cada cuatro sentencias con trascendencia económica. Es decir, el 25 por ciento. Expresado en número, 3.500 millones de euros de los 14.000 concedidos a una de las partes en las sentencias dictadas por los jueces en toda España llegan a su destinatario; 10.500 millones de euros quedan sin recuperarse, a pesar de existir una sentencia firme. Una cantidad equivalente al presupuesto de Defensa de España queda en el limbo jurídico con cargo al debe de la Justicia española.
Estos datos, a pesar de su contundencia, no pueden servir de argumento para entablar una competencia entre los diferentes actores que intervienen en la fase de ejecución del proceso. Dicha fase es la más importante pues hace efectiva la impartición de justicia. El consenso y la colaboración son las vías más adecuadas por que el sistema judicial extraiga todo el potencial de agentes y profesionales del derecho para llevar a buen puerto el cumplimiento de lo dictaminado en las sentencias.
Como señala la Ley de Enjuiciamiento Civil, “la ejecución de sentencia es la fase final, en la que las autoridades competentes resuelven la demanda. Se dicta sentencia y se establecen cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes involucradas en el litigio”.
En las Jornadas, los exministros de Justicia Caamaño, Gallardón, Catalá y Campo han mostrado su convencimiento de que la intervención de la Procura es necesaria para resolver este problema. Algo que no pudieron aprobar durante sus mandatos por las resistencias a las necesarias modificaciones legislativas.
