El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que establecía el arancel de derechos de los procuradores y, por lo tanto, anula este arancel.
La sentencia del Supremo responde al recurso interpuesto por los colegios de procuradores de Madrid, Albacete, Almería, Islas Baleares, Cantabria, Cartagena, Ciudad Real, Elche, León, Lorca, Lugo, Málaga, Orense, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Vigo, Vizcaya y Zaragoza.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estima que el análisis de impacto económico en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo es insuficiente y no cumple con las exigencias de la Ley.
En el siguiente enlace, puede descargarse la sentencia: pinchar aquí
